Las tasas judiciales son abusivas. Lo he dicho varias veces sumándome a un clamor del que participan todos los operadores juridicos.
Nos estamos desayunando con la noticia de que la Audiencia Provincial de Pontevedra en un par de resoluciones que resuelven recursos de queja sobre la inadmisión de recursos de apelación porque entienden que suponen un obstáculo al acceso a la Justicia.
La última reforma concursal exige a la admisnitración concursal de una empresa que en el informe concursal establezca un valor razonable de los bienes de la concursada. Así lo establece el nuevo apartado 5 del artículo 94 de la Ley Concursal. Esto tiene varias lecturas a considerar.
Un tema ya manido de este blog era el referente al derecho de separación de los socios minoritarios de sociedades mercantiles, en caso de fata de distribusión de dividendos de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. El socio que votara en contra podría separarse de la sociedad y llevarse su parte. Se dejó en suspenso con la finliadad de esperar al fin de la crisis económica, es decir, hasta final de 2014 a criterio delgobierno. Parece que la crisis va a seguir porque ahora, el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, lo ha retrasado hasta final del año 2016, y de aplicación por lo tanto en 2017.
Ayer, 1 de Septiembre de 2014 se cumplieron diez años de la entrada en vigor de la ley concursal. Una norma en la que se pusieron muchas esperanzas de modernizar el derecho de la insolvencia español, y que con muchas reformas ha sido probada su ineficacia para salvar empresas en el marco más adecuado para ello, una fuerte crisis económica. Nos toca valorar sus luces y sombras.
Un muro con el que nos estrellamos habitualmente cuando defendemos a un cliente que ha sufrido un delito económico – insolvencias fraudulentas, estafas, delitos societarios…- o que denuncia un caso de corrupción es que este delito de cuello blanco es investigado por un juez de instrucción junto con centenares de posibles delitos de más fácil comprensión y además sin la aparente peligrosidad social puesto que no hay una violencia aparente en su comisión.