En numerosas sociedades de pequeño tamaño que se encuentran en dificultades económicas se hacen aportaciones por parte de los socios para evitar incurrir en causa de disolución por pérdidas. En función de tratamiento jurídico contable que se de a esas aportaciones pueden considerarse fondos propios o pasivo exigible, con consecuencias jurídicas diferentes.
En la guerra legal entre la solicitud de responsabilidad a los administradores de las sociedades por una mala gestión y la defensa de los mismos administradores, los defensores de exigir la responsabilidad rompieron la que venía siendo la última defensa de estos administradores desleales que consistía en nombrar a otra sociedad como administradora de la sociedad que opera en el mercado económico.
Un año más he colaborado en prensa con la publicación de un artículo titulado "En caso de divorcio ¿Quien se queda con el perro?" para el suplemento central de Animales y Naturaleza del Diario Vasco de 2 de Octubre de…
Una de las prácticas bancarias más habituales ha sido garantizar los créditos a las empresas con todos los medios al alcance de los deudores, empezando por hipotecas o prendas sobre bienes de la propia empresa y refuerzo mediante avales de los administradores o socios e las mismas. El paroxismo se ha llevado a exigir el aval de terceras personas relacionadas con las anteriores, como familiares o amigos. Ante la crisis empresarial estos últimos quedaban como los únicos garantes solventes y frente a ellos se dirigían las reclamaciones de los bancos. Algo ha cambiado.
En caso de impago de un préstamo hipotecario se generan unos intereses de demora que se suelen determinar en el propio contrato de préstamo hipotecario. Estos intereses de demora – no confundirlos con los intereses ordinarios- son una penalización por retraso o impago del préstamo y casi en la totalidad de los casos serían anulables por abusivos.
Una de las prácticas históricas de nuestras entidades financieras cuando prestan dinero para la compra de viviendas ha sido garantizarse el cobro mediante la inclusión en el contrato de las máximas garantías disponibles, no bastando la garantía de la propia vivienda y la responsabilidad universal de quien recibe el préstamo, si no también exigiendo la firma de avales por personas, solventes o no, próximas al deudor.
Más de 750 daneses ya cobran por tener una hipoteca es el titular de un llamativo artículo en Gurusblog, uno de los blogs económicos de referencia. “El concepto de la remuneración del riesgo ha saltado por los aires” indica. ¿Es esto pacífico? ¿Puede tener que pagar la Banca a los hipotecados y no al revés debido a los intereses negativos del dinero?
Conforme a la reforma del artículo 31 Bis del Código Penal, se “aligeran” las obligaciones para las pymes en relación al establecimiento de planes de cumplimiento (Corporate Compliance). Sin embargo, esta rebaja de las obligaciones trae una trampa para los administradores sociales de estas PYMES.
Se ha hecho pública la circular 1/2016 del Ministerio Fiscal sobre Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en la que el Ministerio Fiscal desarrolla un amplio estudio sobre los programas de compliance en las empresas para evitar la responsabilidad penal de las mismas.
En la compraventa de viviendas nuevas, los anticipos sobre el precio final que el promotor recibe del comprador debían estar garantizados mediante aval bancario que estaba regulado en la Ley 57/1968 , de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas.