Pleitos tengas y los ganes, que decía la maldición gitana, es una de las grandes verdades de nuestro sistema de ejecución de sentencias, donde una resolución favorable puede llevar al ganador a un laberinto judicial para hacer efectiva la misma. Para ponerle fin llega el nuevo delito de frustración de la ejecución.
Se anuncia por el Gobierno una futura reforma legal que va a suponer la modificación del plazo de prescripción de las deudas financieras de los consumidores, reduciendo el plazo de los actuales 15 años a los más razonables 4 o 5 años. Es un mero ejercicio de gatopardismo.
A finales del año pasado nos contaban en muchos diarios que Martinsa Fadesa estaba a punto de liquidación (La última cuenta atrás del imperio Martinsa Fadesa) Recordemos que se trata de la mayor empresa en concurso de acreedores de la historia de España. Para evitarlo pretendía acogerse a la última modificación de la ley concursal, realizada a la carta de sus necesidades y que es un agravio para los consumidores a los que se les deniega una segunda oportunidad.
Se vienen produciendo en los últimos años muchas derivaciones de responsabilidad subsidiaria de los administradores sociales por deudas de pequeñas sociedades mercantiles que se encuentran en situación de insolvencia, sorprendiendo con el pie cambiado a antiguos socios que creían ser ajenos ya a dichas empresas..
Proteger al consumidor deudor de buena fe que se encuentra sobre endeudado por causas sobrevenidas e imprevisibles y que ya no puede hacer frente a sus deudas es un imperativo legal en casi todo el mundo. En estas fechas es el momento de volver a recordarlo
Vengo leyendo sobre la necesidad de practicar una Due Diligence que impone La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU en los casos de sucesión de empresas, en casos de transformación de las mismas – escisión, fusión,…- y en los casos de acuerdos con terceros para establecer una empresa conjunta (joint venture, UTE). En alguna ocasión ya había escrito sobre la responsabilidad penal por sucesión de empresa, pero más orientada hacia la sucesión encubierta en fraude de acreedores.
Enlazo a una entrada en el blog de Cristóbal Pinto, jurisprudencia de derecho de familia, quien me hace el honor de poder colaborar con su bitácora, posiblemente la mejor de las especializadas en Derecho de Familia. El derecho de alimentos…
La última reforma concursal exige a la admisnitración concursal de una empresa que en el informe concursal establezca un valor razonable de los bienes de la concursada. Así lo establece el nuevo apartado 5 del artículo 94 de la Ley Concursal. Esto tiene varias lecturas a considerar.
Un tema ya manido de este blog era el referente al derecho de separación de los socios minoritarios de sociedades mercantiles, en caso de fata de distribusión de dividendos de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. El socio que votara en contra podría separarse de la sociedad y llevarse su parte. Se dejó en suspenso con la finliadad de esperar al fin de la crisis económica, es decir, hasta final de 2014 a criterio delgobierno. Parece que la crisis va a seguir porque ahora, el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, lo ha retrasado hasta final del año 2016, y de aplicación por lo tanto en 2017.
Ayer, 1 de Septiembre de 2014 se cumplieron diez años de la entrada en vigor de la ley concursal. Una norma en la que se pusieron muchas esperanzas de modernizar el derecho de la insolvencia español, y que con muchas reformas ha sido probada su ineficacia para salvar empresas en el marco más adecuado para ello, una fuerte crisis económica. Nos toca valorar sus luces y sombras.