Pleitos tengas y los ganes, que decía la maldición gitana, es una de las grandes verdades de nuestro sistema de ejecución de sentencias, donde una resolución favorable puede llevar al ganador a un laberinto judicial para hacer efectiva la misma. Para ponerle fin llega el nuevo delito de frustración de la ejecución.
La reciente reforma del código penal en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus órganos de administración ya nos avanza como debe ser un plan de cumplimiento (corporate compliance) como instrumento suficiente para evitar este tipo de responsabilidad. Ya había adelantado como se esperaba la reforma en otra entrada anterior (El corporate compliance como instrumento para evitar el delito en las empresas).
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo considera la moderación de la renta en contratos de arrendamiento de industria y local de negiocio cuando ha sobrevenido un cambio de circunstancias imprevistas que desequilibran las prestaciones contractuales iniciales y que de conocerse, hubieran llevado a renunciar a la firma del contrato inicial. Es la cláusula Rebus Sic Stantibus que entiende el TS que sería de aplicación en arrendamientos de industria.
Se anuncia por el Gobierno una futura reforma legal que va a suponer la modificación del plazo de prescripción de las deudas financieras de los consumidores, reduciendo el plazo de los actuales 15 años a los más razonables 4 o 5 años. Es un mero ejercicio de gatopardismo.
En la UE “continental” el modelo de mediación como fórmula de resolución de conflictos está teniendo dificultades para abrirse camino, y el debate está ahora en la obligatoriedad de la mediación. ¿Se rompería así el principio de voluntariedad? La respuesta está en Italia.
A finales del año pasado nos contaban en muchos diarios que Martinsa Fadesa estaba a punto de liquidación (La última cuenta atrás del imperio Martinsa Fadesa) Recordemos que se trata de la mayor empresa en concurso de acreedores de la historia de España. Para evitarlo pretendía acogerse a la última modificación de la ley concursal, realizada a la carta de sus necesidades y que es un agravio para los consumidores a los que se les deniega una segunda oportunidad.
Se vienen produciendo en los últimos años muchas derivaciones de responsabilidad subsidiaria de los administradores sociales por deudas de pequeñas sociedades mercantiles que se encuentran en situación de insolvencia, sorprendiendo con el pie cambiado a antiguos socios que creían ser ajenos ya a dichas empresas..
Proteger al consumidor deudor de buena fe que se encuentra sobre endeudado por causas sobrevenidas e imprevisibles y que ya no puede hacer frente a sus deudas es un imperativo legal en casi todo el mundo. En estas fechas es el momento de volver a recordarlo
"Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las…
Vengo leyendo sobre la necesidad de practicar una Due Diligence que impone La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU en los casos de sucesión de empresas, en casos de transformación de las mismas – escisión, fusión,…- y en los casos de acuerdos con terceros para establecer una empresa conjunta (joint venture, UTE). En alguna ocasión ya había escrito sobre la responsabilidad penal por sucesión de empresa, pero más orientada hacia la sucesión encubierta en fraude de acreedores.